Las comunidades indígenas son formaciones sociales con estructuras propias para la distribución de recursos, la participación y el ejercicio de poder, el establecimiento de valores éticos y morales, así como de normas jurídicas usos y costumbres.

Los usos y costumbres indígenas son derecho porque constituyen un sistema de reglas, principios e instituciones aplicables de manera obligatoria y uniforme a un grupo social determinado: es decir son un sistema por lo cual debe ceñirse a los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una crítica que se hace a los sistemas normativos indígenas es su contingencialidad (constante cambio), pues sus disposiciones son primordialmente de tipo oral y de origen consuetudinario. Se ha expresado que esa característica es una limitante para reconocer el contenido de los sistemas normativos; sin embargo, la contingencialidad es propia de todo sistema normativo la observamos en los sistemas de derecho central cada vez que se ejecuta una acción materialmente legislativa general (proceso legislativo) o particular (elaboración de una sentencia). La contingencialidad permite que los sistemas normativos de cualquier tipo respondan a las coyunturas y necesidades, modificando sus contenidos en términos prácticos.

Los sistemas de autoridad y justicia indígenas no sólo aportan oportunidades para resolver casos que involucran a personas e intereses indígenas, sino que representan estructuras culturales, simbólicas y de autoridad que han sostenido a las sociedades indígenas y les han sido funcionales para mantenerse unidas y preservar su identidad. Esto, pese a los procesos de colonización y explotación que les han subordinado por más de cinco siglos, además de los intentos de excluirles, aislarles o asimilarles a la sociedad nacional no indígena, no sólo ignorando y pasando por alto su esencia, sino considerando que ésta es la razón del atraso y marginación bajo percepciones que sólo reproducen la discriminación.

El pluralismo jurídico permite reconocer los mecanismos que los pueblos y comunidades indígenas han aplicado para resolver conflictos internos con base en su propio derecho, desde tiempos ancestrales hasta nuestros días esto sin olvidar que, conforme a esa situación de pluralidad, las personas indígenas pueden hacer uso de sus propios procedimientos comunitarios o de las instancias institucionales de administración y procuración de justicia del Estado cuando se presenta un conflicto, invocando sus derechos individuales y colectivos como ciudadanos y ciudadanas mexicanas

¿El órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta la jurisdicción indígena para resolver un caso donde esté implicada una persona indígena?

Con este cuestionamiento se abre una reflexión sobre la importancia de considerar la dimensión cultural de la jurisdicción comunitaria, al momento de administrar justicia a una persona indígena. Por un lado, el reconocimiento constitucional del sistema normativo de los pueblos originarios de México ha tenido un sinfín de cuestionamientos y ha provocado intensos debates; por otro, se encuentra todavía ampliamente difundida la errónea concepción de que “existen dos sistemas jurídicos”, uno sólo para personas indígenas y otro para persona no indígenas. Lo anterior es un obstáculo en el ámbito de la impartición de justicia, que impide profundizar en las implicaciones de la pluralidad normativa desde una postura armonizadora de ambos sistemas.

Se entiende aquí por jurisdicción, la potestad que tiene un grupo de personas facultadas por la colectividad en este caso, indígena para “decir” (interpretar y aplicar) el derecho de cada cultura, con el objetivo de dirimir controversias de la comunidad; y, en último extremo, para hacer uso legítimo de la fuerza pública comunitaria al hacer valer sus decisiones de acuerdo con las reglas propias de la colectividad. 11

El derecho a la jurisdicción indígena (justicia comunitaria) se vincula con el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas; por lo tanto, exige también el reconocimiento de la fuerza vinculante de las resoluciones emitidas por las autoridades comunitarias, por parte de las autoridades jurisdiccionales del Estado. Algunas consecuencias de este reconocimiento en la impartición de justicia son las siguientes:

• Por lo que corresponde al ámbito personal, el ejercicio de la jurisdicción y competencia indígena se acciona desde la pertenencia étnica de una o varias personas involucradas en el conflicto y a partir de su vínculo con la comunidad.

  De este modo, cuando el caso de una persona indígena es llevado ante instancias judiciales del Estado central, quien juzga debe analizar la pertinencia de declinar competencia a favor de las autoridades comunitarias, evaluando si esto es lo más conveniente en términos jurídicos para la persona y tomando en cuenta su opinión, ya que, como se ha referido, la justicia comunitaria no necesariamente es más protectora.

  Esta posibilidad se prevé en el Convenio 169 de la OIT (art. 8, 9 y 10) y en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (art. 17 y 18), que han establecido algunos alcances del derecho de impartición de justicia de los pueblos y comunidades indígenas.

• En cuanto a los ámbitos materiales en los que debe actuar cada jurisdicción (central/Estatal o indígena) subsiste un importante debate:

  • Una posición indica que las comunidades, por medio de sus propios sistemas normativos, pueden resolver todo tipo de conflictos, incluso los que se consideran de especial gravedad como los “delitos graves” conforme al criterio del sistema normativo central.
  • Otra posición señala que la jurisdicción indígena sólo debe resolver aquellos problemas que no constituyan afectaciones graves a los derechos de las personas.
    El criterio que debe prevalecer será el que establece el artículo 1° constitucional, aplicar la norma más protectora y ello sólo puede valorarse al conocer las disposiciones normativas de ambos sistemas.
• Cuando el referente es el criterio de territorialidad y el conflicto se da fuera de la jurisdicción indígena, se apela a la vigencia del derecho a un debido proceso en el que se respeten y se consideren las características socio-culturales de la persona juzgada

La precisión de las reglas de competencia contribuye a establecer una adecuada interacción entre sistemas normativos en beneficio de las personas indígenas a la justicia, especialmente si aquellas medidas se toman bajo un diálogo respetuoso.

Las pautas de competencia no pueden ni deben de ser fijadas sólo por alguna de las autoridades involucradas indígenas o del Estado central. El punto de referencia siempre debe ser la mayor protección de los derechos de la persona, como lo establece la Constitución.

De lo anterior deriva la obligación de que el órgano jurisdiccional tenga presente que existe diversidad de competencias jurisdiccionales que se vinculan, por una parte, con los sistemas normativos de los pueblos originarios y, por otra, con los órganos del Estado central.