Desde el punto de vista de la perspectiva de género las relaciones sociales de las personas indígenas también se organizan con base en funciones de género. Éstas como se indicó en la unidad previa, se organizan conforme a una división del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad de la casa y la familia; se sustenta también en sistemas de valores que establecen la dualidad, complementariedad, comunalidad y/o el equilibrio de las relaciones humanas, pese a que no siempre incluyan explícitamente los derechos de las mujeres.

Aunque las tareas o funciones de género varían dependiendo de las culturas en las que se originan, en gran parte de éstas –los pueblos y comunidades indígenas no son la excepción-, las características y funciones que llevan a cabo las mujeres, reciben menor valor o reconocimiento respecto de las que realizan los hombres.

Conforme a los datos del informe de CONEVAL: Pobreza y Género en México. Hacia un Sistema de Indicadores, las mujeres se encuentran en mayor desigualdad respecto de los hombres en ámbitos de desarrollo como la educación o el mercado laboral:

Esta situación coloca a las mujeres en una condición de desventaja que se advierte en un ciclo de dependencia económica, limitando su desarrollo:

• Las mujeres indígenas tienen menos oportunidades de acceder y concluir estudios en la educación formal, -en comparación incluso con los hombres indígenas-, esto disminuye su posibilidad de acceder a ocupaciones en las que generen sus propios ingresos o bien, se ven orilladas a desempeñar actividades por las que perciben poco dinero. A esto se suma que las capacidades y conocimientos tradicionales son subvalorados (en términos económicos y sociales) en comparación con aquellos trabajos “técnicos” que realizan personas con “estudios”.
• Al tener escasos o nulos recursos, las posibilidades de que adquieran propiedades o bienes propios a lo largo de sus vidas es muy baja –sin olvidar los obstáculos jurídicos para ello-.
• Sin acceso a recursos propios, ni posibilidad ni medios para generarlos por sí mismas, las mujeres indígenas se ven sometidas a relaciones de dependencia económica respecto a quienes llevar los ingresos a sus hogares y las comunidades, por lo general, los hombres. Además, es a las mujeres a quienes se les otorgan los roles de cuidado, mismos que no son remunerados y que además les impide/dificulta realizar otro tipo de labores.

En el caso de las mujeres indígenas hay una desventaja acrecentada, por lo general, su “… carga laboral se concentra en formas de empleo inestables, de poco estatus y de bajos ingresos, (y) la pobreza afecta a los hogares indígenas de manera desproporcionada y dentro de estos hogares, el efecto entre las mujeres indígenas y los niños, cobra mayor relevancia. 11

El acceso de las mujeres a mejores oportunidades de desarrollo y, desde luego, el acceso a la justicia, también se ven afectados por las condiciones de desigualdad que enfrentan las comunidades y pueblos a los que pertenecen; así como de aquellas que derivan de su condición de género. A este problema se agrega otro factor: la violencia basada en las diferencias de género. Las mujeres indígenas al interior y fuera de sus comunidades, al igual que las mujeres no indígenas, están expuestas a distintos tipos de violencia por razones de género lo que incrementa su condición de vulnerabilidad y favorece las relaciones asimétricas de poder.

A continuación se presenta un infográfico elaborado con base en los datos que aporta el Programa PROIGUALDAD 2013-2018 12, respecto a la violencia de la que son víctimas las mujeres en el país:

• La información disponible señala que de cada 10 delitos sexuales, 8 ocurren contra mujeres.
• En México, 46.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido algún incidente de violencia por parte de su pareja.
• A un 42.4% se les ha humillado, encerrado, amenazado con correrlas de casa, quitarles a sus hijos e hijas, o matarlas (violencia emocional).
• A 24.5% les han prohibido trabajar o estudiar, o les han quitado dinero o bienes (violencia económica).
• Un 13.5% de mujeres han sido golpeadas, amarradas, pateadas, o agredidas con alguna arma por su pareja (violencia física); y a 7.3% se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin que ellas quieran.
• En relación con la violencia laboral, un 20.6% de las mujeres declaró haberla sufrido; más de un 4% refirió hostigamiento sexual.
• El delito de trata de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos. La comercialización implícita revela la cosificación de la que son sujetas las víctimas. Ante la ausencia de estadísticas nacionales sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, el Informe Mundial señala que el 76% son mujeres y niñas.
• Sólo un 14% de las mujeres víctimas de violencia se acerca a una autoridad para pedir ayuda, el resto considera que nadie puede ayudarles.

El contexto de violencia contra las mujeres, es por sí un obstáculo para el ejercicio de sus derechos. Si además se toman en cuenta las diferencias culturales, la autoridad jurisdiccional podrá advertir que en ocasiones, el acceso a la justicia se vuelve infranqueable para quien proviene de un sistema cultural distinto a aquel en el que han sido diseñadas las instituciones de impartición de justicia del Estado.

Esto sin olvidar otros factores de desigualdad como los que ya se han mencionado, que afectan el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas. De esto dio cuenta la CIDH en el caso de Valentina Rosendo Cantú contra México, una mujer indígena que después de haber sido violada por militares, no recibió justicia por parte del Estado. 13

“82. […] En el presente caso la violación sexual constituyó una forma de violencia contra la mujer y, en consecuencia, una forma extrema de discriminación agravada por su condición de niña e indígena en situación de pobreza, “lo que implicó que fuera víctima de una intersección de discriminaciones”.”

Los pueblos y las mujeres indígenas han construido herramientas conceptuales y metodológicas para explicar cómo les afecta la violencia y qué elementos deben ser considerados dentro de su contexto cultural específico para combatirla. Un ejemplo es el Informe Complementario al Estudio sobre Violencia contra las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas: informe “Mairin Iwanka Raya. Mujeres indígenas confrontan la violencia” 14, elaborado en el año 2006 por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI).

• Las autoras señalan que la definición de violencia adoptada en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, 1993) no contempla que la construcción de género entre mujeres indígenas se asocia a espacios y funciones culturalmente determinados, que pueden ocasionar formas particulares de abuso y sufrimiento; además tampoco incluye la identidad colectiva.

  

  Citan una situación concreta: tradicionalmente, las mujeres indígenas se dedican a “… preparar los alimentos, recoger agua y preservar el extenso conocimiento de plantas y animales locales. Estas prácticas no solo son económicas y científicas, sino que son también prácticas espirituales. (…) Las prácticas de las Mujeres Indígenas que preservan la salud pública, la economía y la ecología son también consideradas sagradas e integrales a la identidad cultural. Por ejemplo, los pueblos Mayas consideran al maíz un regalo de los dioses y creen que las personas están hechas de maíz. Para los Mayas en Oaxaca (México), el maíz indígena cultivado por las mujeres se encuentra actualmente bajo la amenaza de contaminación por las variedades de maíz genéticamente modificado importadas desde los Estados Unidos. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo que contaminan o que por otro lado, dañan los recursos naturales, son experimentados como un tipo de violencia espiritual por parte de las Mujeres Indígenas, quienes son tradicionalmente las responsables de la administración y mantenimiento de dichos recursos en sus comunidades.” 15 Este tipo de violencia no está estrictamente reconocida en los instrumentos nacionales ni internacionales.

• Ante estas circunstancias, desde un enfoque intercultural y de género, el Informe aporta nuevos elementos a la definición del derecho a una vida libre de violencia, que incorpora las formas en que la salud, el estatus social y la supervivencia cultural de las mujeres indígenas, se ve amenazada por prácticas que afectan negativamente a la tierra y sus recursos, incluyendo, además, categorías como violencia espiritual en la violencia contra las mujeres y el ataque sistemático a las prácticas espirituales indígenas.

Estas definiciones y nuevos intentos por presentar conceptos y enfoques que incorporen la complejidad de las diversas realidades de las mujeres indígenas, forman parte de las construcciones interculturales que han permitido cuestionar y redefinir críticamente algunos criterios bajo los que se aplican los derechos humanos de las personas y las comunidades indígenas, y es en esa medida, que son relevantes para el acceso a la justicia de las mujeres de los pueblos indígenas.

Este conjunto de condiciones del contexto deben ser considerados por la o el juzgador, con el fin de analizar y evaluar el caso a partir de las condiciones de desigualdad que hay entre las partes; así como, valorar los posibles obstáculos que enfrentan las personas indígenas para acceder a la justicia.

Le invitamos a revisar el informe Complementario al Estudio sobre Violencia contra las Mujeres del Secretario General de las Naciones Unidas: informe “Mairin Iwanka Raya. Mujeres indígenas confrontan la violencia”, elaborado en el año 2006 por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI). Informe Mairin Iwanka.

Discriminación interpersonal, se manifiesta en actitudes de rechazo y exclusión, tanto por parte de la población no indígena, como en relaciones institucionales de los organismos del Estado. Un ejemplo de esta forma de discriminación es el rechazo o burla que reciben mujeres, niñas y niños, cuando usan su traje tradicional en lugares públicos o en las escuelas.

El acceso a la justicia de las mujeres indígenas de cara al sistema jurídico nacional, se ve limitado en los hechos por la discriminación múltiple que viven desde el momento en que se interpone la denuncia o demanda. Al momento que una mujer indígena acude ante los órganos jurisdiccionales enfrenta diversas barreras que deberán ser atendidas por las y los juzgadores para garantizar sus derechos:

• Ciertos tipos de violencia están tan normalizadas que no existe conciencia de que se están violando derechos y de que hay mecanismos para hacerlos valer.


• Presentación de una demanda o queja, por regla general, la mujer indígena debe trasladarse desde su lugar de origen a las grandes ciudades o las cabeceras donde se ubican los órganos jurisdiccionales y esa sola acción exige contar con recursos económicos para el traslado y los trámites, así como contar con apoyo para el cuidado de las personas a su cargo, que pueden ser sus hijos e hijas, personas mayores o enfermas. Éste es uno de los principales motivos para no presentar denuncias ni seguir el propio caso.


• Por otra parte, la formación que reciben las mujeres indígenas y la responsabilidad que les es socialmente asignada sobre el cuidado de las y los hijos, la familia y la casa, inhiben las prácticas de denuncia y exigencia de derechos, pues ellas suelen anteponer las necesidades e intereses del resto de la familia a los suyos propios.


• En caso de que logre interponer la demanda o denuncia, los requerimientos de un proceso son costosos: requieren de acompañamiento y asistencia jurídica para el proceso, contar con una o un abogado y ser asistidas en todo momento por una o un intérprete y traductor en su lengua.
  
  Por esta razón, los órganos de impartición de justicia deben garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios que ofrecen las defensorías de oficio (pues en muchas ocasiones se ven superadas para desahogar la carga de trabajo que enfrentan), o las áreas de atención al público, procurando que las mismas estén sensibilizadas y tengan herramientas respecto a la perspectiva intercultural y de género.


• Otra característica de los procesos judiciales es que son prolongados, esto repercute en los recursos económicos y el ánimo de las víctimas; cuando son mujeres indígenas tales condiciones se traducen en el abandono de las denuncias y en el mejor de los casos, el desistimiento de alguna de las acciones emprendidas. Al carecer de recursos propios a las mujeres indígenas les resulta insostenible acudir a las instancias de administración de justicia del Estado cuando son requeridas por las y los defensores de oficio, o para atender cualquier otro trámite.
  
  Desde el ámbito de la impartición de justicia, esta situación puede ser compensada dando la mayor atención y celeridad al proceso, siempre conforme al marco normativo.


• Gran porcentaje de las demandas que inician las mujeres indígenas no llegan hasta las autoridades federales, se quedan a nivel estatal o incluso, municipal y comunitario. Esto se debe entre otras cosas, a los pocos recursos que tienen para iniciar y continuar sus procedimientos ante todas las instancias que existen, o bien, a que en general desconocen a dónde deben acudir para solicitar ayuda, instituciones básicas como las agencias del Ministerio Público o los Tribunales Locales les resultan ajenas.
  
  Esta condición de contexto va vinculada a los mecanismos de promoción y difusión de los derechos humanos; las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de brindar información accesible, oportuna y veraz a la población, respecto a los mecanismos para acceder a la justicia, en el caso de personas indígenas, esto implica por lo menos que la información se dé en su lengua originaria.

En atención a estas circunstancias, es importante que los órganos de impartición de justicia apliquen las normas en los casos sometidos a su jurisdicción, conforme al principio pro persona, garantizando a las personas indígenas –con especial atención en las mujeres-, el acceso a una justicia gratuita, pronta, rápida y expedita.