Evidentemente uno de los conocimientos claves del enfoque para la igualdad refiere a la perspectiva de género –PEG- en tanto se trata de una herramienta teórica, metodológica y política del enfoque en y desde la igualdad que inspira el estándar EC0308.
Esta perspectiva es una herramienta teórica porque se basa en la categoría “género” que trae consigo una serie de postulados sobre las relaciones entre mujeres y hombres, su construcción y el cambio social. Es metodológica porque nos brinda instrumentos para actuar y aplicarla tanto al análisis de problemas sociales como de políticas públicas u otros campos de la acción humana. Y es política, porque busca la transformación de las desigualdades existentes entre mujeres y hombres en apego al principio jurídico y ético de la igualdad ante la ley y en los hechos, es decir, para el logro de la igualdad sustantiva.
Debe recordarse que el reconocimiento y directriz para divulgar la perspectiva de género provino de manera explícita de los acuerdos de la “Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional de la Mujer”, celebrada en Beijing, China, en 1995. Otros instrumentos del Derecho Internacional como la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW por sus siglas en inglés- también han fortalecido este interés y obligación de los Estados de trabajar e incorporar en sus métodos de trabajo dicha perspectiva.
Dicho sea de paso, concomitante a este reconocimiento se definió a la capacitación como una estrategia eficaz y necesaria para transformar las estructuras de pensamiento de quienes desarrollarían las programas y políticas de género. De ahí que, la puesta en marcha de la plataforma de acción aprobada en Beijing, ha conllevado la implementación de una vigorosa política de capacitación que avanza y se profesionaliza día con día. Esta estrategia de certificación que nos ocupa en este curso, es un claro ejemplo de ello.
La perspectiva de género es así, resultado de diversas elaboraciones teóricas y políticas sobre la condición y posición de las mujeres y las desigualdades instituidas entre ellas y los hombres, que tanto el feminismo como la academia, han realizado. Por ello, una idea importante que debemos trabajar en la capacitación es comprender este doble origen de la PEG ya que ello conduce a conceptualizarla como un enfoque vivo, que cambia con el tiempo y que se alimenta de las luchas políticas de las mujeres en favor del reconocimiento y el desarrollo de condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos. Con esto, se trasciende la consideración del género como un “asunto técnico de inclusión de las mujeres” y se visualiza como una dimensión del desarrollo que implica transformaciones en los roles y estereotipos de los hombres y en las estructuras sociales, económicas y políticas que sostienen la distribución desigual de poder entre los sexos.
Enfoque en y desde la igualdad
En el estándar la igualdad es calificada por dos preposiciones: “en” y “desde”. Mediante ellas se quiso connotar por un lado, que el objetivo de capacitar EN la igualdad es fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de su personal para cumplir con los objetivos de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres mediante estrategias que garanticen la no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Por otra parte, la capacitación DESDE hace alusión a una posición ética y pedagógica que, en apego al derecho a la igualdad, promueva el aprendizaje sin discriminación y respetando la diversidad social e ideológica de quienes se capacitan. Se trata de enseñar a pensar y construir procesos de aprendizaje significativos para promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Desde el punto de vista pedagógico el aprendizaje de la perspectiva de género ha definido una serie de nociones básicas que a continuación se revisan y que forman parte de los criterios de conocimiento que evalúa el estándar.
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La perspectiva de género parte de reconocer que las diferencias biológicas y sexuales no son las que definen a las personas en tanto “mujeres” u “hombres”. Plantea, por el contrario que, lo que nos distingue como mujeres y hombres, es el conjunto de significados, atribuciones y representaciones que la cultura asigna como lo “propio” de unas y lo “propio” de otros. Esta asignación ocurre mediante la socialización y aunque se prolonga a lo largo de la vida a través de distintas experiencias socializadoras, los aprendizajes que se realizan durante la infancia y en la familia son decisivos para construir las identidades de género. Llamamos así a aquellos componentes de la identidad personal que nos definen como “mujeres” o como “hombres”.
A partir del reconocimiento del papel social del género, surge una premisa que todavía hoy, para muchas personas, no resulta tan evidente: lo que somos las mujeres y los hombres es resultado de las convenciones sociales y no de las determinaciones innatas y biológicas de nuestros órganos sexuales. Hacer comprensible esta idea es una de las tareas básicas de la capacitación en género ya que si ella permanece arraigada en el imaginario social y en la mentalidad de los y las servidores públicos difícilmente se podrán reconocer las desigualdades sociales y abordar la idea del cambio social en favor de la igualdad sustantiva, ya que se mantendrán innamovilibles las concepciones que naturalizan y esencializan la diferencia sexual.
La identidad sexo-genérica se refiere a la construcción de sentidos de pertenencia en relación con la sexualidad y al proceso único e individual que permite a las personas construir su personalidad y sentirse parte de la comunidad en que viven. Abarca aspectos bilógicos, de identificación y expresión en relación con el género, de orientación sexual, de maneras de expresar el deseo y de prácticas para realizarlo.
Otra dimensión que es necesario considerar al momento de revisar los procesos de socialización es la sexualidad, esa experiencia corporal y subjetiva en la que confluyen lo corporal, el deseo, los valores, las emociones y por supuesto, las representaciones sociales y que se convierte en una dimensión que problematiza y redefine los esquemas tradicionales de la “feminidad” y la “masculinidad”.
Desde el género hemos aprendido que el deseo sexual es heteronormativo, es decir, que se produce exclusivamente entre hombres y mujeres porque se considera que "ambos son mitades de una misma naranja" que se complementan, sexual y funcionalmente. Sin embargo, hoy en día sabemos que la sexualidad entre las personas es diversa, ya que puede implicar relaciones no sólo entre mujeres y hombres sino entre hombres, entre mujeres, entre personas que cambian su sexo o que se viven desde una identidad distinta a la que "establecen" sus órganos sexuales. Todas ellas son válidas, involucran el reconocimiento de derechos humanos y de ciudadanía para las personas y su expresión supone la existencia de muchas formas de ser mujeres y ser hombres. Si te interesa conocer algunas de las acciones que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación propone en relación a la diversidad sexual da clic aquí.
Te invitamos a revisar el siguiente video en el que se profundiza sobre esto y nos ayuda a comprender que también la sexualidad se construye socialmente.
Al considerar el género como una construcción social y a la PEG como la herramienta metodológica para su análisis, conviene de igual forma comprender que no se produce de forma aislada sino que –ya lo hemos mencionado- se articula con otras variables del contexto como la clase, la edad, la procedencia rural-urbana, la orientación sexual, entre otras, produciendo particularidades sociales en grupos específicos de mujeres y hombres, las cuales deberían ser consideradas a fin de evitar generalizaciones cuyas consecuencias pueden ser nocivas en términos de política pública, ya que podrían reforzar roles y estereotipos tradicionales de género.
En nuestro país, entrecruzar la perspectiva de género con la interculturalidad es obligatorio para comprender situaciones de discriminación estructural referidas a la población indígena, que representa el 6.5% 2 de la población total del país. De igual forma, al entrecruzar el género con la clase o la edad se hacen visibles diferencias relevantes en la incorporación de las mujeres al mercado laboral, el acceso a los servicios o a la seguridad, por citar algunos indicadores.
Te invitamos a apreciar el siguiente video, sobre las mujeres indígenas.
Ligado a la comprensión del proceso de socialización en tanto mujeres y hombres, frecuentemente se utilizan dos categorías adicionales que sirven para concretar el sentido de los mensajes y códigos de la asignación de género. Se trata de las nociones de “roles y estereotipos”, binomio que da cuenta del conjunto de normas y prescripciones del comportamiento que las personas asimilan e integran a su comportamiento.
Los roles refieren a los papeles que se actúan en determinados contextos y los estereotipos a las creencias o concepciones culturales mediante las cuales las personas clasifican comportamientos, rasgos, actividades de mujeres y hombres. El efecto de este proceso clasificador usualmente es estigmatizar y resignificar representaciones de género tradicionales. Los estereotipos generalmente se interiorizan por las costumbres y creencias y pocas veces son cuestionados. Sin embargo, ellos ameritan importantes interrogaciones, ya que mantener su vigencia, da pie a prácticas de discriminación y frena el pleno ejercicio de derechos y el cambio social.
Tanto los roles como los estereotipos de género se estructuran en torno a las normas, instituciones y representaciones sociales que se han derivado de la división entre lo público y lo privado.
Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo para las segundas, pues históricamente la sociedad les ha asignado roles ligados a funciones domésticas, de cuidado generalmente disminuidas, en cuanto a su relevancia y aportación, y jerárquicamente considerados inferiores a los de los hombres.
En nuestras sociedades los estereotipos femeninos giran en torno a creencias que conciben a las mujeres como “naturalmente maternales”. Por lo tanto, se exaltan cualidades que las caracterizan como altruistas, orientadas al cuidado de los otros, emocionales e intuitivas.
En el caso de los hombres, los estereotipos se estructuran en torno al trabajo, a su rol como políticos y a sus funciones como proveedores económicos en el hogar. Actividades que se consideran propias de su ser y su sentido “natural” hacia la vida pública y para proveer a la familia. En correspondencia con estas creencias se valoran cualidades como la competitividad, la responsabilidad, la fuerza física, el liderazgo jerárquico y se justifica la poca capacidad emocional para expresar afectos y hacerse responsables por el cuidado de otras personas, de los y las hijas e hijos pequeñas, las personas adultas mayores, enfermas, y hasta de sí mismos.
Es decir, los estereotipos de género se construyen a partir de modelos de "feminidad" y "masculinidad" que se presentan como complementarios y que modelan la identidad de mujeres y hombres a través del establecimiento de expectativas y normas que regulan los comportamientos sociales, yendo incluso a terrenos tan importantes como el de la sexualidad, espacio en el cual también se encasilla a mujeres y hombres no sólo en su forma de ser y actuar, sino también limitando las posibilidades de expresar libremente sus deseos, sus preferencias y prácticas sexuales como se podrá observar más adelante en la entrevista a la Dra. Ana Amuchástegui, especialista en el tema.
Ejemplo de la perpetuación de los estereotipos en el quehacer del Estado lo constituyen las normas de los códigos civiles que definen las responsabilidades de los cónyuges dentro del matrimonio basadas en estereotipos de género que redundan en negación de derechos, imposición de cargas injustificadas y marginación.
Según Rabotnikof (1997) esta división es un constructo que las sociedades modernas han elaborado a partir del siglo XVIII y que ha permitido estructurar distintas esferas de decisión y participación entre la ciudadanía y el Estado 3 . Así, “lo público” quedó cifrado como el espacio de la política y la deliberación social, general mientras, “lo privado” se consideró el ámbito del individuo y de la vida civil, dentro del cual se incluyó al mercado y la familia. Estas dos instituciones a su vez, tuvieron reglas específicas pues la primera dio lugar al intercambio económico y la segunda a un régimen de autoridad centrado en el poder masculino y la subordinación femenina.
La crítica feminista al momento histórico en el que se fraguó dicha división, ha señalado claramente que esta división sentó las bases de una régimen de desigualdad y diferenciación entre mujeres y hombres, ya que las confinó a la esfera “familiar” y las subordinó a la autoridad masculina, estableciendo una distinción en el estatus jurídico entre ambos.
Uno de los códigos jurídicos que plasmó esta diferencia fue el Código Napoléonico en el que se definió que el matrimonio estuvo regido por el principio de la “potestad marital”, que no es otra cosa que el poder que la ley le confiere al hombre sobre la mujer y sus hijos/as. Dicho principio le ha otorgado a los varones el privilegio de decidir sobre el gasto familiar, el tiempo de trabajo extradoméstico de las mujeres y los hijos e hijas, la libertad de tránsito de las esposas así como la capacidad de decidir y administar los bienes patrimoniales de la familia, los bienes personales de sus integrantes, especialmente de las mujeres y de los hijos e hijas. La costumbre de apellidarse las mujeres como “señoras de…” es un indicador de las relaciones de poder que el género permite identificar. A cambio de estas prerrogativas, los hombres quedaron con la obligación de velar por la reproducción de las familias, la seguridad y protección de la esposa y de la prole mediante funciones de proveeduría económica y administración de los bienes (Facio, 1993).
Esta división entre lo público y lo privado, segregó a mujeres y hombres en ámbitos diferentes de acción y de influencia excluyente pero al mismo tiempo complementario: las mujeres en la “casa” y los hombres en “la calle”. Dicha diferencia justificó entonces que las mujeres no poseyeran derechos ciudadanos para participar en la “polis” y que en las familias se estableciera un régimen de autoridad diferente al establecido en el orden público, en el que el marido ostentaba la capacidad de representación familiar y la obligación de proteger a la mujer y sus hijos e hijas (Facio y Fries, 1999). De esta forma, la modernidad legitimó mediante sus reglas públicas y privadas un doble parámetro sexual que diferenció el estatus jurídico de mujeres y hombres, reconociendo para él derechos como ciudadano frente al Estado y propietario frente al mercado y negando para ellas estas mismas prerrogativas. En la lista de los derechos civiles y ciudadanos reconocidos en el siglo XVIII, las mujeres no tuvieron ni siquiera el derecho de representarse a sí mismas, tener un nombre propio ni circular con autonomía sin el consentimiento expreso del marido o en caso de soltería, de sus padres, hermanos o sacerdotes (Incháustegui & Ugalde, 2004).
La operación ideológica que dio lugar a la construcción de la “separación” de lo público y lo privado se fundamentó en la naturalización de la división sexual del trabajo producida a partir de las diferencias entre las dinámicas y funciones de estos ámbitos. Esta división no sólo generaba condiciones específicas para el desempeño y la inserción laboral de mujeres y hombres sino que al mismo tiempo definió una jerarquía de valor entre el trabajo de los hombres y las mujeres, mediante una dicotomía que colocó al primero como “trabajo productivo” y al otro como trabajo carente de valor y productividad por su relación con el mundo doméstico y las actividades del cuidado de la familia por lo que generalmente no recibe una remuneración. 4
La consecuencia de esta explicación fue la invisibilización del aporte de las mujeres a la economía y a la construcción del patrimonio familiar, justificando su exclusión del orden público y de su derecho a poseer bienes, dada la falta de legitimidad económica para acceder a ellos. Como bien lo han indicado Deere & León (2005) esta ubicación histórica y jurídica ha tenido nefastas consecuencias para la posición económica de las mujeres ya que no han tenido acceso directo a los bienes económicos limitando su autonomía económica y la disposición de ingresos y recursos para ser parte del mercado laboral; además de que les ha representado una carga enorme en tanto no cuenta con un horario fijo lo que limita sus oportunidades de desarrollo.