Descripción

Este enfoque busca garantizar el mismo tratamiento jurídico para las mujeres y los hombres en los derechos contemplados en las normas escritas.

El inicio de las políticas de igualdad de oportunidades para combatir la discriminación de las mujeres se localiza en los años 80, cuando, en el marco del enfoque GED se identificó la necesidad de incidir en el contexto de las relaciones de género para desactivar aquellas condiciones que reproducen las desigualdades e impiden que las mujeres no accedan a los recursos económicos y de poder en la misma proporción que lo hacen los hombres.

Este enfoque dio lugar al desarrollo de los primeros planes de igualdad que contenían un compendio de acciones que incluían: las reformas legales, la promoción de la educación, la salud, el acceso de las mujeres a la tierra, la vivienda, el crédito y el mercado laboral.

Tres herramientas de política han sido parte de este enfoque: la igualdad de trato, las acciones afirmativas y las de género.

Descripción

En la IV Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en Beijing (1995), se cristalizaron nuevos términos para referirse al tipo de políticas de igualdad que podían implementarse. En inglés se acuñó el concepto “gender mainstreaming” cuyo significado alude a la corriente principal de una política, es decir al cuerpo central de ideas, conceptos supuestos y actividades. Su traducción al español ha sido mediante dos términos que están estrechamente ligados. Se trata de las nociones de transversalidad e institucionalización. No obstante, en nuestro idioma estas visiones aluden a procesos distintos. El primero se ha conceptualizado como un método de planeación horizontal que busca trastocar aspectos claves de una política para garantizar que sus resultados eviten sesgos androcéntricos y sexistas que pueden discriminar a las mujeres del acceso a recursos o del ejercicio de sus derechos. Y el segundo, alude a la permanencia o “fijación” de los cambios incorporados en las políticas, de tal suerte que podemos afirmar que un proceso ha sido institucionalizado cuando las acciones no dependen de una persona sino que forman parte las rutinas de una organización. Estas sutilezas en los significados de ambos conceptos, los mismos están estrechamente relacionados y en la jerga común con frecuencia nos referimos a ellos indistintamente, pues en definitiva hacen referencia a momentos diferentes de un mismo proceso.

La transversalidad se ha definido como “la integración sistemática de la igualdad de género, en todos los sistemas, estructuras, políticas, programas y procesos del Estado” (Rees, 2005). Bajo esta perspectiva se partió de suponer que las construcciones de género en torno a lo femenino y masculino están cristalizadas e imbricadas en las estructuras, normas, procedimientos y prácticas estatales. En consecuencia, se considera que las desigualdades emergen en estrecha relación con la construcción de la institucionalidad del Estado, ya sea porque éste las edifica a través de sus regulaciones y jerarquías ó bien porque reproduce desigualdades socialmente existentes, amplificándolas e imprimiéndoles nuevos significados (Connell, 1990). De ahí la importancia de transformar las estructuras de gobierno de todos los poderes del Estado.

Se dice que la transversalidad corre por dos carriles (Incháustegui y Ugalde, 2004):

1. El eje de las políticas que busca impactar los procesos de gestión y de definición de los bienes o servicios que éstas “entregan” a la población;
2. El eje de la cultura organizacional busca que la asimilación de la igualdad y la perspectiva de género sea adoptada como método de trabajo y análisis de los problemas públicos. Esto es lo que explica la aplicación de programas o acciones “de cultura institucional” como se denominan en nuestro país, cuyo propósito es modificar las capacidades, valores y prácticas organizacionales para trabajar con el género e incorporarlo en las rutinas y procesos de trabajo al interior de las instituciones públicas.